El Síndico denuncia que bares de Vitoria niegan el acceso a gitanos 'y eso es un delito'
Terra España - 28 Jun 2007
Lo que en un principio se convirtió en un enfado circunstancial ha derivado en una amonestación de cierta consideración. El 'hartazgo' acumulado en los últimos años ha llevado a la asociación Gao Lacho Drom y al consejo del Pueblo Gitano a recurrir al Síndico para denunciar que jóvenes de su comunidad no pueden entrar en varios locales hosteleros de Vitoria al denegarles el acceso 'por su condición de gitanos'. Una de sus quejas se dirige a la Policía Local. Y es que cuando los agentes son alertados por los adolescentes de este tipo de situaciones, optan por no acudir ya que, justifican, 'no existe altercado'.
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Conocido y analizado el contratiempo, el Defensor del Vecino ha emitido un duro informe en el que advierte de que este clase de comportamientos son constitutivos de delito según el Código Penal. En concreto, se refiere al artículo 512 para recordar que quien en el ejercicio de sus actividades profesionales o empresariales deniegue a una persona una prestación a la que tienen derecho por razón de su ideología, religión, creencias, raza, nación u orientación sexual 'puede incurrir en una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por un periodo de entre uno y cuatro años'.
En la exposición del caso, Javier Otaola relata cómo varios integrantes de la asociación Gau Lacho Drom acompañaron a los jóvenes a diferentes locales y comprobaron 'in situ' la 'discriminación' de la que son víctimas. Además, asegura que ha quedado comprobado que esta práctica se está consolidando en algunos establecimientos, 'con la gravedad que esto supone' al ser una cuestión que afecta al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de todo ciudadano.
El Síndico reserva buena parte de su intervención para analizar la actuación de
Para Otaola, el 'trato discriminatorio' en el acceso a un local o a un servicio abierto al público ya es en sí misma una 'lesión al orden jurídico por cuanto supone una lesión directa al derecho constitucional de igualdad y no discriminación'. Al rechazo denunciado por los jóvenes gitanos se une, en opinión del Defensor del Vecino, un plus de tintes 'peyorativos y vejatorios' al tratarse de un colectivo social 'generalmente marginado y vulnerable'. 'Es la dignidad del ser humano la que se ve afectada, porque quienes integran estos grupos son tratados como seres que no merecen el mismo respeto. Se les relega a ciudadanos de segunda', denuncia.
Atestado obligatorio
En su prolija argumentación, el Síndico recupera una sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 1989 para recordar que la autonomía de los sujetos privados está limitada por la prohibición de incurrir 'en discriminaciones contrarias al orden público constitucional', como son las anteriormente citadas: sexo, raza, religión¿
Ya en sus conclusiones, agrega que la presencia policial en estas situaciones es 'muy necesaria' ya que puede darse el caso de que los autores de esta 'conducta insidiosa' nieguen lo ocurrido 'impunemente'. Después de advertir de que la acreditación de alguna prueba es 'imprescindible' para que la denuncia sea viable, el Síndico reitera que
La denuncia pública emitida por el Defensor del Vecino ha sido bien recibida por el colectivo gitano, aunque como recuerda el líder de la asociación Gao Lacho Drom, es 'vergonzoso que pasen estas cosas en democracia'. En declaraciones a este periódico, su líder, Bartolomé Jiménez, aseguró que estas actitudes 'racistas' las sufren 'desde hace muchos años' y que
| Terra Actualidad - VMT |
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