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miércoles, 29 de julio de 2009

Un chiringuito de Almería cobraba por entrar a personas gitanas

La Junta de Andalucía lo ha clausurado cautelarmente.

ELPLURAL/ANDALUCIA

Prácticas de racismo o cuando menos de discriminación a la etnia gitana, es lo que se desprende del cierro del chiringuito de playa “Garfield”, clausurado por la Junta de Andalucía al existir denuncias contra éste. El establecimiento ubicado en la playa del municipio almeriense de Adra, cerró ayer sus puertas al ordenar su clausura la administración autonómica por una denuncia por discriminación racial que data del 4 de junio. El local permanecerá cerrado cautelarmente hasta que resuelvan las circunstancias que motivaron su clausura

Todo comenzó en Mayo pasado cuando un grupo de personas de etnia gitana, expuso ante un colectivo cultural que trabaja por la integración social y la convivencia que se le había prohibido el paso al chiringuito. Más grave aún resulta la queja expresada también a esta Asociación, El Callí Abderitano, en el sentido de que otras veces para poder acceder a este chiringuito se les había puesto como condición el pago de una entrada, algo inaudito en los chiringuitos de playa. En concreto, personas de etnia gitana se vieron obligados a abonar 20 euros, frente al resto de clientes, que como es normal, entraban gratis.

9 reclamaciones
La Asociación Cultural “El Callí Abderitano, para corroborar la verosimilitud de las denuncias formuladas, envió a dos miembros de su colectivo a comprobarlo “per se” e interpusieron nueve reclamaciones administrativas y una penal. Para Juan Torres, presidente de la Federación Andaluza de Gitanos de Almería, situaciones similares se vienen repitiendo en otros pueblos de la provincia".

miércoles, 15 de julio de 2009

La Xunta compromete una solución a corto plazo para los realojos de O Vao en Caritel

ARACELI SILVA - PONTEVEDRA farodevigo.es » Portada de Pontevedra
Los alcaldes de Ponte Caldelas y Poio realizaron una primera toma de contacto con los nuevos responsables del gobierno autonómico para buscar una solución al conflicto

Los regidores locales de Poio, Luciano Sobral, y de Ponte Caldelas, Perfecto Rodríguez, mantuvieron ayer su primera reunión con los responsables del Instituto Galego de Vivenda e Solo y de la Secretaría Xeral de Benestar de la Xunta de Galicia para negociar una solución al realojo de las dos familias gitanas que residen en Caritel, procedentes del poblado de O Vao. Los representantes del gobierno autonómico se comprometieron a colaborar en la búsqueda de una solución a corto plazo para la reubicación de las familias, una vez que una sentencia judicial estableció la ilegalidad del contrato de alquiler por el que el concello de Poio realojó a los gitanos en Caritel.De esta manera, está previsto que la próxima reunión tenga lugar a finales de julio o principios de agosto, en función de la disponibilidad de agenda todas las partes implicadas. A partir de ahí se organizarán sucesivos encuentros para encontrar una solución lo antes posible. "Non queremos que o conflito se enciste para evitar que haxa máis conflitividade social", explicó Rodríguez, en alusión al rechazo de los vecinos del lugar de Caritel, donde todavía residen las familias gitanas.Luciano Sobral definió el encuentro como "unha primeira toma de contacto para analizar as posibles alternativas para este problema". Los alcaldes presentaron a los responsables autonómicos las propuestas que hasta el momento se han barajado, entre ellas el traslado de las familias al poblado de transición que el Concello de Poio habilitó en O Vao como medida previa a una ubicación definitiva; la disponibilidad de una vivienda social; o la inclusión de los realojados en una bolsa de alquiler. "De momento, na Xunta non se decantaron por ningunha alternativa. A nós a que máis nos gustaría sería que tivesen acceso a unha vivenda de protección oficial pero os responsables da Xunta dixéronnos que isto só sería factible se se levara a cabo dentro do territorio de Poio e esto, a día de hoxe non é factible", manifestó Sobral, al tiempo que reconoció que la opción del poblado de transición es la "menos traumática", puesto que es la única que evita el traslado de los gitanos a otro municipio.Tal y como recordaron ayer los responsables municipales, la alternativa del poblado de transición pasaría por realizar una permuta con la Xunta de Galicia, de tal manera que la Administración local de Poio entregaría al gobierno autonómico la casa que compró en Caritel a cambio de que financiara la construcción de dos viviendas modulares en el poblado de transición. "Isto tamén esixe un acordo coas familias afectadas, que xa teñen manifestado o seu beneplácito sempre e cando se lle garantice unha ubicación definitiva", añadió Sobral. Ambos regidores aprovecharon el encuentro, que se prolongó durante dos horas, para poner a disposición de los responsables de la Xunta toda la documentación que poseen, "de tal maneira que consideramos que os responsables autonómicos teñen unha visión amplia de como está este proceso".El anterior gobierno autonómico había creado una mesa de negociación que también contaba con la participación de representantes vecinales de Caritel y del Pueblo Gitano, para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, en el encuentro mantenido ayer no se abordó la posibilidad de dar continuidad a esta herramienta de diálogo. "A verdade é que non se sacou este tema, pero non parece que teñan intención de retomar esta liña de traballo",manifestó Sobral. Por otro lado, los alcaldes se interesaron por la línea de trabajo por la que apuesta la Xunta para erradicar el chabolismo de todos los municipios que registran este problema. "La situación más urgente es la de las familias de Caritel, debido a la existencia de una sentencia judicial y de una conflictividad social con los vecinos de la localidad . Una vez que esto quede solucionado, se trabajará en una alternativa para el chabolismo", subrayó el regidor de Ponte Caldelas.Por su parte, Luciano Sobral manifestó que en O Vao residen unos 186 gitanos, por lo que el problema trasciende a las dos familias realojadas en Caritel. "O novo equipo de goberno autonómico aposta por apoiar a compra directa de vivendas por parte das persoas que residen nas chabolas. Acordamos continuar traballando unha vez se teña aclarado este conflicto coa localidade de Ponte caldelas para bucar unha solución máis global", concluyó.